El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, dio a conocer este jueves algunas de las principales situaciones encontradas a la fecha por parte de los agentes interventores en tres de las EPS que tienen medida de intervención forzosa administrativa para administrar.
El funcionario explicó que lo reportado por cada uno de los agentes interventores “robustecen” las decisiones tomadas por parte de esa entidad, respecto a cada una de las EPS aludidas y revelando parte de la realidad de cada una de estas EPS.
Los hallazgos sobre Sanitas
En cuanto a los gastos administrativos, el interventor encontró gastos al cierre de la vigencia 2023 por $104.226 millones en operación de centros médicos. Al respecto, el superintendente aclaró que ese tipo de inversiones las debe hacer la misma institución prestadora de servicios de salud (IPS) y no la EPS, pues “esos centros médicos pertenecen al mismo conglomerado o grupo”.
El informe del interventor detalla también la supuesta firma de múltiples contratos sin una finalidad específica o algún tipo de beneficio para Sanitas.
Por otro lado, no se detallaba la distribución de la población afiliada en la red de servicios de salud, la oferta actual de servicios, la capacidad instalada de los prestadores ni las brechas en la oferta de servicios. Y además, dice la Contraloría, falta el análisis de las condiciones sociales, económicas y de calidad de vida, la descripción de patologías de alto costo, los programas de intervención y la implementación de criterios para la priorización.
Finalmente, sobre los contratos de suministros y dispensación de medicamentos, el interventor señala que Sanitas firmó un contrato con una cláusula de exclusividad en favor de la contratista que impide a la EPS el suministro, dispensación o abastecimiento de medicamentos a sus afiliados directamente o mediante otros proveedores, salvo que la contratista lo permitiera de forma transitoria.
Sin embargo, en el mismo contrato se definió la posibilidad de subcontratar con otros operadores. Esto conlleva a que la EPS Sanitas se encuentra limitada en su capacidad de operar y gestionar la distribución de medicamentos e insumos médicos.
Esto encontraron sobre la Nueva EPS
Según el agente interventor, se hallaron 12.645.762 registros de facturas radicadas en proceso de auditoría por valor de más de $4,4 billones, que corresponden a obligaciones que no fueron incluidas en los estados financieros que acumulan $5,7 billones, según lo encontrado por la firma contralora.
Por otro lado, señaló que la aseguradora hacía pagos a los prestadores de servicios de salud; sin embargo, desconocía si estos estaban o no prestando verdaderamente la atención, puesto que no pedía reportes, especialmente en lo concerniente a la promoción y prevención en materia de salud.
Según el informe, en el primer trimestre de 2024 la suficiencia de la red fue del 87,7% con brechas del 12,3%. Comportamiento que obedece a la baja capacidad resolutiva, falta de oportunidad en la prestación o bien a problemas de accesibilidad.
En ese sentido, de acuerdo con el informe de accesibilidad de tutelas y PQR, los departamentos con mayor dificultad en la prestación son Cundinamarca y Distrito Capital, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Huila.
Así mismo, encontraron que si bien hay contratación del 100 % de las atenciones de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, encontraron que para la vigencia 2023 las más bajas coberturas en los siguientes programas: cobertura de toma de tamizaje para cáncer colorrectal: 23.2 %, porcentaje de mujeres con uso de método anticonceptivo: 28.5 %, cumplimiento de consulta de planificación familiar: 26.8 %, cobertura de toma de tamizaje para cáncer de próstata: 32.4 % y cobertura de toma de tamizaje para cáncer de mama: 37.8 %.
¿Qué pasó con SOS EPS?
Según la Supersalud, una de las observaciones más significativas por parte del agente interventor tiene relación con el riesgo de la EPS en la concentración del nivel primario en cabeza de un prestador (Comfandi), que además tiene la condición de vinculado, lo que para la entidad hace más difícil su evaluación de eficiencia.
Ante esto, el interventor manifestó que se determinó una baja ejecución durante el periodo agosto 2023 y marzo de 2024 del 82.35 %, lo que equivale a $19.629 millones, además de bajos desempeños en los periodos anteriores de las vigencias contractuales, sin haberse realizado los recobros correspondientes.
Y respecto a los recursos a recobrar por servicios prestados por otras IPS y que estaban con cargo al contrato del pago global prospectivo, existe dificultad de realizarlo por inconsistencias en el contrato actual y que el valor a recobrar sería de más de $14.000 millones, según reportó el área de Auditoría de la EPS.
