La violencia no da tregua en el oriente del Cauca. En la noche del domingo 23 de marzo de 2025, dos hombres fueron asesinados en la vía que conecta Sxita Ukwe con la cabecera municipal de Belalcázar. Los cuerpos, hallados con evidentes signos de tortura y disparos de gracia, fueron encontrados por las Autoridades Indígenas de la zona.
Según testimonios de habitantes de Ricaurte, alrededor de las 7:00 p.m. se escucharon disparos en la parte baja del sector, seguidos por el paso acelerado de una camioneta en dirección a la montaña. Minutos después, en un punto cercano al puente sobre el río Páez, las Autoridades Indígenas descubrieron los cuerpos atados de manos y con rastros de violencia extrema.
Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas ni se ha determinado qué grupo armado estaría detrás del crimen.
La Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Cxhacxha condenó el asesinato y reiteró su rechazo a la violencia que azota su territorio.
“Es inaceptable que estos hechos sigan ocurriendo en nuestros territorios. Exigimos respeto por nuestra autonomía y el cese inmediato de estos actos cobardes que ponen en riesgo la armonía de nuestra comunidad”, señaló la organización en un comunicado.
También hicieron un llamado urgente a los actores armados para que excluyan a las comunidades indígenas del conflicto y permitan que sus territorios sean espacios de paz.
Las autoridades locales y organismos de derechos humanos han sido alertados sobre el crimen. La Defensoría del Pueblo ha advertido en reiteradas ocasiones sobre el riesgo que enfrentan las comunidades indígenas en esta zona del Cauca, donde la presencia de disidencias de las FARC, ELN y grupos de narcotráfico ha generado un recrudecimiento de la violencia.
Este nuevo hecho eleva la preocupación en el municipio de Páez, donde en los últimos meses se han registrado múltiples homicidios selectivos y amenazas contra líderes indígenas y comuneros.
Ante la gravedad de la situación, la Asociación de Autoridades Indígenas solicitó la intervención de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, instando al Gobierno colombiano a tomar medidas urgentes con un enfoque étnico y territorial para garantizar la seguridad en la región.
“Por la defensa de la Madre Tierra y el Derecho Ancestral, caminamos en defensa de la vida”, concluyó la organización.
La comunidad de Páez sigue exigiendo justicia y respuestas ante una violencia que, lejos de disminuir, se sigue cobrando vidas en medio del abandono estatal.
