La justicia reconoce las afectaciones y daños territoriales sobre las comunidades negras de este consejo comunitario, en el contexto del conflicto armado interno.
El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Popayán ordenó, el viernes 20 de septiembre, la restitución de 26.807 hectáreas al Consejo Comunitario Río San Francisco de Guapi, Cauca.
La demanda fue interpuesta por la Dirección Territorial Cauca de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), tras lo cual la justicia especializada reconoció las afectaciones y daños territoriales sobre 1.244 personas pertenecientes a 319 familias afrodescendientes, en el contexto del conflicto armado interno.
El director general de la URT, Giovani Yule, celebró la medida y expresó que la entidad cumplirá con la entrega simbólica del territorio colectivo en una ceremonia especial, liderada por las autoridades del Consejo Comunitario Río San Francisco, donde estén presentes las entidades mencionadas en el fallo.
“La decisión del Juzgado Tercero Étnico de Popayán hace justicia a las comunidades despojadas, desplazadas y confinadas por causa de la violencia de los grupos armados, que han golpeado duramente este departamento. El fallo nos permite seguir defendiendo el derecho fundamental de las víctimas”, enfatizó el mayor Yule.
Para Acxan Duque Gámez, director de Asuntos Étnicos de la URT, “esta sentencia significa una gran noticia: se reconoce el derecho como víctimas a estas familias y se hacen valer los derechos étnico-territoriales. Podemos avanzar, además, para que otras entidades que tienen responsabilidades y competencias, en el marco de la política pública del Comité de Restitución de Tierras, cumplan las órdenes de la ley en materia de salud, educación y reconocimiento de la autoridad étnica, entre otras”.
Al amparar y restablecer el goce efectivo de los derechos territoriales de esta comunidad afrodescendiente, se posibilita el retorno de quienes aún están desplazados como consecuencia del despojo y abandono forzado. Así mismo, se garantiza el ejercicio pleno de los derechos al territorio colectivo de quienes están en confinamiento por el conflicto armado, tal como por sus factores vinculados y subyacentes, señala la sentencia.
