En un caso que ha causado profunda conmoción en la capital del país, las autoridades capturaron a Fredy Castellanos, docente de un jardín infantil de la localidad de San Cristóbal, señalado como presunto autor de abusos sexuales cometidos contra al menos 12 menores de edad, todos entre los 2 y 3 años. La detención fue ejecutada por la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá.
El profesor, quien tenía bajo su cuidado a 21 niños, será imputado por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Las autoridades confirmaron que hasta la fecha se han presentado 14 denuncias, de las cuales siete ya han sido verificadas por los investigadores del caso.
La situación ha escalado en gravedad tras conocerse que dos de los menores abusados fueron diagnosticados con VIH, hecho que ha generado alarma y profundo dolor en la comunidad. Padres de familia aseguran que hubo negligencia por parte del jardín infantil, señalando que la administración no tomó medidas inmediatas pese a los indicios iniciales y habría intentado ocultar la situación.
“Nos sentimos completamente ignorados. La institución sabía lo que estaba pasando y no hizo nada. Nos dejaron solos,” expresó una madre visiblemente afectada durante una manifestación frente al centro infantil, donde decenas de personas se congregaron exigiendo justicia y protección efectiva para la niñez.
De acuerdo con testimonios no oficiales, el sospechoso fue inicialmente retenido por familiares de las víctimas y entregado a la Policía, pero fue liberado horas después, provocando una ola de indignación entre los habitantes del sector. Ante la presión social y el avance de las investigaciones, Castellanos fue recapturado y ahora permanece bajo custodia mientras se adelantan las audiencias judiciales.
Como medida preventiva, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ordenó el cierre del jardín infantil, señalando que se busca proteger a los demás niños inscritos mientras se aclaran los hechos. El caso también ha motivado llamados urgentes a revisar los protocolos de selección y monitoreo de personal en instituciones de atención infantil.
La Fiscalía continúa recolectando testimonios y pruebas forenses, mientras organismos de derechos humanos piden que se priorice el acompañamiento psicológico para las víctimas y sus familias. El país sigue atento al desarrollo del proceso judicial, en medio de un ambiente de dolor, rabia e impotencia ante un crimen que ha dejado una huella devastadora en Bogotá.
