La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario expresó su profunda preocupación por la presunta imposición de una nueva modalidad de reclutamiento forzado en el Cañón del Micay, atribuida a las disidencias de las FARC y el ELN. Según denuncias, estos grupos estarían exigiendo a las familias de la región entregar a uno de sus miembros para ser incorporado a sus filas.
De acuerdo con la información recopilada, entre octubre y diciembre de 2024, más de 100 personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, habrían sido víctimas de esta práctica ilegal.
Ante esta grave situación, la Consejería hizo un llamado urgente a los grupos armados ilegales para que respeten la vida y la integridad de la población civil, en especial la de los menores de edad, y acaten el Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, instó a las autoridades competentes a redoblar esfuerzos en la búsqueda de las víctimas y garantizar avances efectivos en las investigaciones.
Este alarmante fenómeno evidencia la vulnerabilidad de las comunidades en zonas de conflicto y la necesidad de una respuesta contundente por parte del Estado para frenar estas violaciones a los derechos humanos.
